En busca de que quede priorizado en la agenda de la próxima legislatura, la Junta Central Electoral (JCE) reintrodujo por tercera vez el proyecto de Ley de los Partidos y agrupaciones Políticas y el proyecto que reforma la Ley Electoral.Los proyectos introducidos vía secretaría del Senado de la República, a través del secretario General de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, también fueron sometidos por el órgano electoral en el año 2011 y 2013 y en ambas ocasiones perimieron en el Congreso Nacional.
Ambos fueron elaborados tomando en consideración las reformas a la Constitución de la República del 2010, así como las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, la Agencia Española para la Cooperación Internacional, y el Programa de Naciones para el Desarrollo, surgidas en la celebración del Seminario Internacional “Funcionamiento, Actividades y Marco Jurídico de los Partidos Políticos” del 2011.
Nueva vez es sometido, amparado en que la sociedad dominicana demanda una mayor calidad del sistema democrático y del ejercicio político, para lo que se requiere del fortalecimiento institucional de los partidos y agrupaciones políticas del país, transparentando en mayor medida su accionar.
Partidos políticos
El proyecto de ley de partidos políticos define los derechos y deberes de los partidos y la ciudadanía. También plantea la regulación de la elección de dirigentes y candidatos, la propaganda política, las finanzas y rendición de cuentas.
Busca organizar los partidos y agrupaciones políticas, establece las normas que regirán la constitución y reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, vigilancia y las sanciones.
La pieza legislativa plantea la renovación de los organismos internos periódicamente y mediante mecanismos democráticos, abriendo el camino a que más miembros participen internamente de los altos mandos.
El proyecto dedica un capítulo que reglamenta las precampañas electorales. En este apartado estipula que deberá tener un período de cinco meses y comenzaría un año antes de las elecciones.
Financiamiento
El proyecto pretende regular el financiamiento de los partidos: limita el monto de los aportes y obliga a crear un registro contable. Sería entonces la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos, creada por la JCE que deberá fiscalizar el financiamiento de los Partidos y agrupaciones políticas y los topes de gastos de precampaña electoral.
Los partidos y agrupaciones políticas deberán tener disponible, para quien lo solicite, toda la información referente a los ingresos y egresos de los fondos públicos y privados recibidos.
Además el proyecto considera ilícito cualquier otro tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado, o cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados; de los ayuntamientos o entidades dependientes de éstos, o de empresas públicas y empresas de capital extranjero o mixto, destinado a los partidos y agrupaciones políticas.
Otras novedades es que prohíbe
inaugurar obras públicas en los seis meses antes de las elecciones, y destina el 25% del financiamiento público a los partidos a educación.
Reforma a la Ley Electoral
La modificación de la ley 275-97 tiene como objetivo regular lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegibles; el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales; y el funcionamiento y competencias de la JCE como máximo ente responsable de la organización de los comicios.
La propuesta de ley orgánica del régimen electoral, elaborada por la JCE y la OEA, establece regular los actos del gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y los ayuntamientos en las actividades políticas, es decir, limita su participación en actividades de inauguración que pudieran vincularse con la campaña electoral.
El proyecto también prevé eliminar el término indio para identificar a los dominicanos por el color de la piel, en lo adelante se usarán mulatos, negros y blancos. Igualmente, un aporte del proyecto que nueva vez reposa en el Congreso, sería la obligatoriedad de organizar debates electorales entre los candidatos a la Presidencia que en las encuestas tengan más de un cinco por ciento de aceptación. Estos estarían organizados por la JCE y prevé sanciones para los partidos que se nieguen a debatir.
