El Gobierno del presidente Joe Biden advirtió que mantendrá la aplicación del Título 42 en la frontera, luego de la decisión de la Corte Suprema y alertó a inmigrantes sobre mentiras de contrabandistas o “coyotes”.
“La gente no debería escuchar las mentiras de los contrabandistas que se aprovechan de los migrantes vulnerables, poniendo en riesgo sus vidas”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional. “La frontera no está abierta y continuaremos aplicando plenamente nuestras leyes de inmigración”.
Será en febrero del 2023 cuando la Corte Suprema escuche argumentos sobre sobre el Título 42, pero su decisión podría ser meses después.
En el comunicado, DHS aseguró que “seguirá administrando la frontera” pero pide al Congreso aprobar una reforma al sistema migratorio.
Por su parte, al ser preguntado sobre la decisión del Supremo, el presidente Biden dijo a reporteros en la Casa Blanca que su Gobierno seguirá aplicando el Título 42.
“La corte no decidirá sobre el asunto hasta junio, aparentemente, y mientras tanto debemos hacer cumplir la ley, pero ya venció su plazo”, dijo el mandatario antes de salir rumbo a las islas Vírgenes, donde celebrará Año Nuevo con su familia.
La normativa, impuesta por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) con la excusa de la pandemia, se mantiene de forma indefinida, al menos hasta después de que el Supremo escuche los argumentos de las partes en su periodo de audiencia, y eso no será hasta febrero del año próximo.
El alto tribunal tendrá que tomar una decisión después, una vez estudiado el caso, y se desconoce cuánto puede tardar en hacerlo.
El influyente senador demócrata Bob Menédez pidió al Gobierno Biden tomar otras medidas para expandir las vías legales de migración en respuesta a la decisión del Supremo de mantener el Título 42.
El legislador aseguró además en un comunicado el mismo martes que la normativa es una “reliquia desastrosa de las política migratorias racistas” del Gobierno Trump.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos criticaron también este martes la decisión del Supremo de mantener el Título 42, señalando que prohíbe el derecho al asilo.
“La decisión del Supremo tendrá consecuencias mortales para las personas que huyen de la persecución”, señaló Melissa Crow, abogada del Centro para Estudios de Género y de Refugiados de la Universidad de Hastings, con sede en California, en un comunicado.
La organización International Rescue Coommittee (IRC) también lamentó la orden del tribunal y señaló que mantener el Título 42 “niega el derecho legal que tienen los solicitantes de asilo a pedir protección en EE.UU”.
Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría “un daño masivo e irreparable” en materia migratoria.
Un juez federal en el Distrito de Columbia falló a mediados de noviembre ordenando la suspensión del Título 42, decisión que fue recurrida por los fiscales de 19 estados y por el Gobierno Biden.
Los estados argumentan que se enfrentan a una crisis migratoria si se suspende el Título 42 y que el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la situación.
La normativa ha permitido que se lleven a cabo más de 1.5 millones de expulsiones en la frontera, desde que entró en vigor en marzo del 2020, según datos de IRC.
Con información de EFE
