Santo Domingo, RD

En la propuesta de reforma del régimen político-electo­ral que presentó ayer, la Jun­ta Central Electoral (JCE) propone la supresión de la obligación legal que tiene ac­tualmente de organizar pri­marias de partidos políticos.

“Depositar en el organis­mo de gestión electoral la responsabilidad de organi­zar, reglamentar, adminis­trar y arbitrar los procesos internos de las organizacio­nes políticas, independiente de cuál sea el método utili­zado, sería trasladar las in­conformidades y conflictos internos de las organizacio­nes políticas a la Junta Cen­tral Electoral”, argumentó el presidente de la JCE, Ro­mán Jáquez Liranzo en el acto de presentación de la propuesta legislativa.

Consideró que lo más con­veniente es que las organiza­ciones políticas administren sus procesos internos, a tra­vés de sus comisiones electo­rales, con la asistencia logís­tica de la Junta.

La entidad también su­giere la eliminación del voto preferencial en el nivel mu­nicipal, proponiendo que los regidores y vocales sean electos mediante listas cerra­das y bloqueadas.

Procura que se imponga por ley la obligatoriedad de los debates electorales entre los candidatos a la presiden­cia y vicepresidencia de la República y que sea opcional para los postulados en los demás niveles.

Financiamiento

Recomienda fijar el monto del financiamiento a los par­tidos en un medio por ciento del presupuesto general de la nación en los años de elec­ciones y de un cuarto por­ciento en periodos no elec­torales, como establecía la antigua ley electoral.

Favorece que los partidos de nuevo reconocimiento ac­cedan al financiamiento públi­co y que se fortalezcan los re­quisitos para su registro legal, exigiendo que los ciudadanos que den su consentimiento estén afilados a estos. Prevé que tanto las decisiones de la JCE sobre el reconocimien­to de los partidos y sobre las alianzas puedan ser impug­nadas ante el Tribunal Supe­rior Electoral, en vez de la ju­risdicción administrativa.

Sugiere también la disminu­ción del tope de los gastos en la campaña en 65% y en la precampaña de 75%.

Con esa propuesta, el lí­mite de gastos en el nivel presidencial bajaría de 527 millones de pesos a 131 mi­llones durante la precampa­ña, y de 922 millones a 322 millones en la campaña.

La iniciativa del organis­mo electoral persigue ade­más la disminución de las contribuciones individuales hechas por particulares a los precandidatos de un uno a un 0.50%

Propone cambiar las dispo­siciones sobre la cuota de género por el principio de igualdad, a fin de establecer el sistema de representación en las candidaturas plurino­minales de 50% para muje­res y hombres.

Se incluye la tipificación y sanción de la violencia po­lítica de género, que ocurri­rá cuando se afecten los de­rechos políticos electorales o el desempeño de los cargos que ostenten

Plantea que del 10% del financiamiento público que los partidos deben destinar a la capacitación y educación, un 3% se reserve a la forma­ción de las mujeres.


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