El presidente del Consejo Nacional de Migración y ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez Martínez, informó que hoy el presidente Luis Abinader encabezará una reunión de ese organismo en el Palacio Nacional y entre los temas que tratará figura el caso de 280 mil haitianos que tienen vencido su permiso de estadía en el país para definir qué decisión tomará el Estado ante esa situación.
Los nacionales haitianos recibieron el permiso en el marco del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que inició en junio del 2014 y producto del mismo, a unos 280 mil haitianos que viven en el país de manera irregular se les otorgó un permiso temporal de trabajo. En al menos tres ocasiones el Gobierno dominicano ha extendido por un año la vigencia de los carnés de esas personas.
Igualmente, el funcionario informó que propondrá al Consejo de Migración que se otorgue una prórroga de dos meses más para que los venezolanos puedan normalizar su estatus migratorio en el país. Vásquez ofreció las informaciones en el marco del Almuerzo Semanal de elCaribe y CDN.
El Gobierno dominicano adoptó la resolución 00119-2021 que favorece a más de cien mil venezolanos que viven en el país para que puedan beneficiarse mediante la categoría migratoria de no residentes y que ingresaron de manera regular a partir del año 2014.
La entrevista estuvo encabezada por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nelly Familia, así como el jefe de redacción de elCaribe, Héctor Marte y la periodista Julissa Céspedes, comentarista de Despierta con CDN. Vásquez estuvo acompañado por los viceministros Ángela Jáquez y Víctor Castro, así como del director de Comunicaciones, Elvis Lima.
El ministro de Interior y Policía reveló que en esa institución se hicieron procesos de naturalización a extranjeros por dinero y que hay montos involucrados de hasta 35 mil y 45 mil dólares.
“Nosotros no vamos a tapar ningún caso de corrupción ni lo vamos a tolerar; el Ministerio de Interior y Policía era un antro de corrupción amplio, eran tres departamentos: Estructuras de Armas, el Coba y el Departamento de Naturalización. Aquí hay dominicanos que son compatriotas nuestros, nunca han venido al país y tienen nacionalidad dominicana, y por esas operaciones cobraban cualquier cantidad de dinero de 35 mil y 45 mil dólares por naturalización de personas que no conocen el país”, denunció.
Vásquez dijo que todos los casos de naturalización que se han detectado que fueron otorgados mediante fraude fueron entregados a los abogados que están para proteger el patrimonio público.
“Policía trabaja con tecnología del siglo XIX”
Al escuchar la descripción que hizo el ministro de Interior y Policía sobre las precariedades, atrasos y limitaciones con que opera la Policía Nacional, órgano garante de la seguridad ciudadana, es posible entender por qué el tema que más preocupa a la ciudadanía antes de la pandemia de la covid-19, la inseguridad, no ha tenido una respuesta eficaz.
Vásquez detalló que en materia tecnológica la Policía está estancada en el siglo XIX, que solo en 116 de 717 cuarteles policiales se reciben denuncias; el cuerpo del orden público no tiene acceso directo a las informaciones de las cámaras de videovigilancia del 911 y que tampoco trabajan en coordinación con los fiscales para el combate al crimen.
“Usted va a un destacamento policial a poner una denuncia y la escriben en una mascota, la guardan y si no hay interés eso no pasa de ahí, entonces estamos hablando de una institución que es hacerla prácticamente, es hacerla, estamos planteando que en los cuartes policiales las denuncia se hagan y se procesen inmediatamente y se sepa quién es el policía que le dará seguimiento a ese caso, pero tenemos la Policía en materia tecnológica en el siglo XIX”, apuntó.
El presidente del Consejo Superior Policial detalló que en todo el territorio nacional hay 717 cuarteles policiales y que de ese número, 202 “no sirven para nada” y que incluso hay diez con pisos de tierra. “Hay cuarteles que tienen que amarrar los detenidos en un estante para que no se escapen”, comentó.
“Lo más grave de todo esto es lo siguiente, tú estás por ejemplo en Barahona y para poner una denuncia del robo de un carro tiene que venir al Plan Piloto porque solo en dos lugares del país se reciben denuncias de robo de vehículos, en el Plan Piloto y en Santiago, en lo que llega de Barahona aquí (la capital) lo más probable es que el carro esté en Haití o descuartizado”, se quejó.
El ministro de Interior y Policía informó que el gobierno en los próximos días iniciará el proceso de licitación para la construcción de 55 cuarteles policiales y para el próximo año el Presidente ha instruido que se incluya en el presupuesto la construcción de los restantes.
Para ampliar sobre los retrasos de la Policía en materia tecnológica, intervino la viceministra de seguridad preventiva en los gobiernos locales, Ángela Jáquez. Consideró que el país debe contar para la seguridad ciudadana con un sistema similar al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de las Fuerzas Armadas.
“Esto significa que toda la información irá a un centro común para tomar decisiones a tiempo porque todas las agencias están dispersas, no se comunican en tiempo real y para que haya una buena combinación entre la Policía y la fiscalía de cada municipio del país, porque esa es otra debilidad que hemos encontrado, hay municipios sin fiscales”, subrayó la funcionaria.
Jáquez dijo que otro retraso en materia tecnológica es que no de todos los cuarteles del país se pueden hacer denuncias. “Eso se resuelve con más tecnología porque los programas de seguridad ciudadana donde se usa alta tecnología, usted manda una denuncia y lo hace por una aplicación, eso entra a un centro de comando y de una vez se le asigna al policía que le corresponde y que está más cercano a ese territorio; y cuando lo resuelve tiene que subir una imagen de evidencia de que eso se hizo”, señaló.
La funcionaria explicó que la Policía del país no está preparada para hacer un patrullaje eficiente y entre esas debilidades citó las dificultades para la ejecución de las órdenes.
“Hay un problema muy serio y es que hay muchas órdenes que no se ejecutan para cualquier tema de violencia, especialmente estos de violencia intrafamiliar y toda la secuela que eso representa; a veces hay muchas órdenes que no se ejecutan porque no tienen ni la dirección donde la van a llevar”, sostuvo.
Con relación a la cobertura del Sistema de Emergencia 911 consideró que está limitada para algunas provincias en el área cabecera pero no la cubre completa. “Una de las debilidades que encontramos es el tema de la infraestructura en todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana y también la dispersión en el tratamiento del tema de seguridad, por ejemplo, el 911 que tiene cámaras de videovigilancia, la Policía no tiene acceso directo a esa información tiene que pedírsela al 911”, se quejó la funcionaria.
Aprobarán reglamentos reforma de PN
El ministro de Interior y Policía detalló que el presupuesto de la institución es de 43 mil millones de pesos y que de esa cantidad 22 mil millones van a las alcaldías; 18 mil millones a la Policía; 2 mil millones a Migración y mil 200 millones al Ministerio de Interior. Puntualizó que para el próximo año se hará un aumento del presupuesto porque el presidente está consciente de las limitaciones. Dijo que para iniciar el plan de seguridad en Cristo Rey, el gobierno tuvo que hacer una asignación especial de 330 millones de pesos. Sobre el informe de la comisión de alto nivel que designó el presidente Luis Abinader para la reforma de la Policía Nacional, Vásquez dijo que los procesos de reforma son difíciles de aplicar y que siempre hay resistencia. “Pero la reforma de la Policía es una urgencia y en los próximos días estaremos aprobando alguno de los reglamentos que completan la reforma porque el propio Ministerio de Interior y Policía necesita una reforma, pero no será apoyada por todos”, reconoció.
