La Cámara de Senadores de Chile aprobó este jueves un nuevo retiro de los fondos privados de pensión para hacer frente a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19.
La iniciativa, que contempla la posibilidad de sustraer un nuevo 10% de las sumas que los ciudadanos tienen en sus fondos previsionales, fue aprobada con 31 votos a favor y 11 en contra.
La iniciativa, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, contempla el retiro de sumas que van desde 1 millón de pesos chilenos (poco más de USD 1.400) a 4,4 millones (alrededor de USD 6.225).
El proyecto fue aprobado pese a la oposición del gobierno de Sebastián Piñera, que aseguró que “perjudicaría a las pensiones” en el futuro al reducirse estás “casi un 29 por ciento en promedio”. Además, con este nuevo retiro casi la mitad de las cuentas ya quedan efectivamente vacíos. Ayer por la noche, el Ministro Secretario General de Gobierno (Segpres), Juan José Ossa, presentó un requerimiento en el Tribunal Constitucional para frenarlo.
“Hay aproximadamente tres millones de chilenos que no tienen ahorros en sus cuentas previsionales, por lo que no tienen recursos para retirar ahora ni para jubilarse en el futuro. Si el tercer retiro llegase a prosperar, ya serían cinco millones de personas en esta situación”, advirtió Ossa el martes.
La acción motivó múltiples manifestaciones a lo largo del país, la mayoría de ellas en forma de cacerolazos, barriadas y disturbios. Las protestas iniciaron con un masivo cacerolazo desde las 9 PM en todo el país. En cuanto a los enfrentamientos, uno de los más críticos tuvo lugar en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, donde al menos 50 sujetos atacaron la 33° Comisaría de Carabineros, quienes respondieron lanzando gases lacrimógenos y con el uso del carro lanza agua para dispersar a la multitud.
El gobierno buscaba que las medidas principales de alivio económico salieran de sus propias arcas, y no de los privados. Si bien se han anunciado iniciativas por un total de USD 20.000 millones -10 por ciento del PBI chileno- algunos de estos rescates han sido fuertemente criticados por la ciudadanía chilena al asegurar que no estarían llegando masivamente a la población.
La serie de requisitos y condiciones impuestas para optar a las ayudas, además de su tardanza, generó mucha rabia y desesperación en una población obligada a permanecer varios meses en cuarentena.
Declaraciones recientes de empresarios, como la del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien afirmó que en su sector “falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno”, no hicieron más que aumentar el descontento de la población.
Presionado por el avance del tercer retiro, Piñera anunció el lunes la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencias (IFE) a 13,5 de los 19 millones de habitantes del país, que recibirán un bono de 100.000 pesos (143 dólares) mensual durante un trimestre.
“Comprendemos las carencias y dolores que están sufriendo las familias vulnerables y muchas familias de clase media”, afirmó el mandatario, que se abrió también “a buscar acuerdos para aumentar la recaudación tributaria, incorporando mayores esfuerzos de los grupos de mayores ingresos”. Sin embargo, este anuncio no logró convencer ni a los parlamentarios de su coalición.
