SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió este jueves la contratación de 70 artistas, suscripción de nuevos contratos y la entrega de fondos del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) a ese sector.
Carlos Pimentel, director DGCP, director DGCP, recordó a Francisco Antonio Peña Guaba, titular de GCPS, que las instituciones no pueden realizar contrataciones directas «y solo se justifican en los casos expresamente establecidos en la Ley, como son las compras por debajo de 147,699.99 pesos».
Explica en un comunicado que, pese a que la contratación de los artistas es considerada una contratación por excepción, estas deben realizarse conforme a los procedimientos dispuestos en el Reglamento, el cual ordena adjuntar un informe pericial que justifique el uso de la excepción.
Agrega que el informe se debe acompañar de una resolución motivada emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de la institución recomendando su uso y contar con una certificación de apropiación presupuestaria emitida por el director administrativo o financiero de la institución, además de publicar dicho procedimiento de contratación en el Portal Transaccional e institucional.
«Al verificar en el Portal Transaccional para identificar el cumplimiento de los mínimos exigidos, pudimos constatar que las citadas contrataciones no fueron gestionadas a través de esta plataforma», señala el comunicado.
Indica que «eso es contrario al principio de transparencia y publicidad y al artículo 6 del Decreto Núm. 350-17, aun cuando el Gabinete de Coordinación de la Política Social tenía la obligación legal de ajustar dichas contrataciones a la normativa. Sin embargo, según lo verificado hasta el momento, todo indica que se ha realizado en inobservancia a la misma».
La DGCP también informó que inició un proceso de investigación sobre dicho proceso y solicitó al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que produzca y remita el informe justificativo sobre los trámites y base legal que sustentan dichas contrataciones, tal y como dispone la normativa.
«Mediante la investigación de que se trata, el órgano rector examinará el impacto que pudieran tener las irregularidades preliminares identificadas y aquellas otras que surjan del análisis final del caso, por lo que procederá a verificar de oficio el cumplimiento o incumplimiento de causales de nulidad absoluta o anulabilidad establecidos en el régimen de contrataciones públicas», expresa la comunicación remitida a Peña Guaba.
