Rafael Núñez
Santo Domingo, RD
La profunda crisis que golpea a Haití ha derivado en una inseguridad que funcionarios diplomáticos y consulares se han visto obligados a tomar medidas precautorias para no ser víctimas de un secuestro, modalidad delincuencial en boga como reflejo de que las autoridades no garantizan el funcionamiento de ningunos de los servicios básicos.
La inseguridad que vive el vecino país se tornó complicada desde la ausencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), situación que se ha hecho insostenible en los últimos dos meses, lo que ha llevado a la mayoría de las misiones diplomáticas a resguardarse y disponer de la menor cantidad de personal en las embajadas y consulados.
Como las autoridades electas de Haití perdieron el monopolio de la fuerza, se ha generado un vacío de poder que trata de llenarlo el crimen organizado, afectando hasta las entidades bancarias.
Los bancos que operan en Puerto Príncipe y otras principales ciudades se vieron obligados a prohibir a sus empleados tener consigo sus celulares mientras estén en horario laboral, pues no han sido pocas las personas secuestradas o asaltadas al salir de los establecimientos bancarios.
La inseguridad de las operaciones bancarias y sus clientes pasa a otros planos de complicidad porque a pesar de las medidas adoptadas por sus ejecutivos, las emboscadas a clientes continúan, lo que para muchos significa que las redes delincuenciales alcanzan otros niveles de jerarquía.
El incremento de los secuestros en Haití fue reseñado por la agencia española de noticias EFE, que destacó la impotencia de las autoridades para hacer frente a este fenómeno, “limitándose a dar consejos a la población para evitar ser raptados”.
“Desde hace al menos un mes, las imágenes de personas secuestradas circulan a diario por las redes sociales; entre ellas, uno de los que más estupor ha causado a la población es el caso de una niña desaparecida hace más de una semana y cuyo video con uniforme escolar circula constantemente en las redes sociales”, reporta EFE.
Una situación peligrosa
Conversaciones con personas que residen en Puerto Príncipe y en zonas aledañas dan cuenta de que la situación se percibe muy peligrosa porque las familias pobres tienen que enviar a sus hijos a las escuelas o colegios a merced solo de las oraciones.
Sectores de clase media con poder económico decidieron mudarse en República Dominicana, ya sea rentando casas e inscribiendo a sus hijos en colegios dominicanos.
En los últimos siete días se registraron 14 secuestros en la capital haitiana, que incluye a extranjeros aunque la cantidad de personas raptadas no se puede precisar porque en ese país no hay institución de orden público que tenga esas informaciones sistematizadas.
Las bandas criminales se activaron en circunstancias especiales, pues diciembre es el mes donde sus miembros salen a “pescar”, lo que no se hace difícil en un país donde las fuerza pública es débil y sus propios miembros ya tienen en su prontuario la realización de una protesta, lo que deja mucho que desear.
En vez de anunciar medidas para contener la ola delincuencial, el primer ministro de Haití, Joseph Jouthe, tras exhortar a la población a cuidarse y mantenerse vigilante, emitió un decreto creando la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que es interpretado por sectores diplomáticos como una medida desesperada por revertir el caos.
No para pocos expertos y diplomáticos de carrera que conocen la situación haitiana, la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia es una infausta sorpresa porque se entendía que ese organismo de compilación, sistematización de información y seguimiento al crimen organizado ya existía.
La tímida medida es vista con ojeriza no solo por diplomáticos, sino por el grueso de la población que acusa al gobierno de estar enfocado en la organización de las próximas elecciones que deberán llevarse a cabo en una fecha que el propio presidente no acaba de definir. El presidente haitiano gobierna por decreto desde enero cuando culminó el período de los legisladores y las elecciones legislativas fueron aplazadas. Su período termina en febrero de 2022.
Promesas de elecciones
El recrudecimiento del clima de inseguridad que se vive en estos momentos en Haití estuvo precedido de grandes movilizaciones de masa en protesta contra el gobierno del presidente Jovenel Moise, que a pesar de esos hechos se ha mantenido incólume prometiendo elecciones legislativas y presidenciales sin precisar cuándo.
El descontento popular expresado en las calles con la quema de propiedades privadas en Puerto Príncipe y otras ciudades, ha dejado como resultado a medio centenar de personas muertas, a lo que se ha unido una peculiar protesta en meses pasados de la propia Policía, institución que está llamada a preservar el orden público.
A los secuestros en Haití se añaden los asesinatos selectivos de personalidades, como ocurrió el pasado 28 de agosto cuando desconocidos emboscaron al presidente del Colegio de Abogados, Me Monferrier Dorval, un crimen que consternó la nación, pues se trataba de una de las voces que abogaba por una nueva Constitución.
La Policía haitiana e incapaz de contener el crimen organizado y la delincuencia común, pues una operación denominada Terminator 1 fue ineficaz de frenar las acciones de las bandas armadas, que operan en los barrios más populares de Puerto Príncipe, cuyas calles, negocios y restaurantes en las noches lucen desiertos.
“De noche ningún diplomático ni extranjero que vive en esta ciudad tiene que salir a buscar nada, que no sea que lo asesinen o secuestren”, comentó una fuente ligada al parlamento haitiano.
Los viajes por carreteras desde Santo Domingo hacia Puerto Príncipe o de cualquier otra ciudad haitiana hacia esa capital se han reducido porque ya es un hábito el asalto de los ocupantes de vehículos.
Secuela de Estado fallido
Aunque la mayoría del cuerpo diplomático radicado en Haití mostraba cautela en calificar la situación de infuncionalidad del Estado, las opiniones ya no se reservan a la almohada o a los informes confidenciales oficiales de embajadores y cónsules.
Un Estado fallido es aquel que no está en capacidad de garantizar su propio funcionamiento, como los servicios básicos que debe dar a la población.
Es una expresión, Estado fallid, que apareció en el lenguaje político y diplomático en las últimas décadas a partir de las convulsiones en Somalia, Libia, Sudán, Yemen, Congo, Etiopía, Iraq y Zimbabue, donde las autoridades pierden el monopolio de la fuerza, legitimidad y se registran disputas entre instituciones, como ocurre desde hace años en el vecino país cuya Constitución establece dos poderes: el presiente y el primer ministro.
La profunda crisis institucional comenzó a empeorar desde que las fuerzas de estabilización dirigidas por las Naciones Unidas decidieron eliminar una de las pocas instituciones que operaba: las Fuerzas Armadas.
“Muerto el perro...”
Empujadas por la violencia y abusos generados por las Fuerzas Armadas y los llamados Ton Ton Macoute, la comunidad internacional aplicó el refrán aquel de que “muerto el perro, se acabó la rabia” pasándole el rodillo al Ejército, a la Marina y a la policía haitiana.
A pesar de permanecer 13 años en suelo haitiano, la fuerza militar comandada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo sirvió para consumir 7 mil 330 millones de dólares en ese tiempo, que fueron aprovechados por contratistas y suplidores, muchas veces con padrinos poderosos.
Los cierto es que tras su retiro de Haití, los cascos azules no cumplieron ninguna misión que haya dejado un legado en ese insular territorio, salvo los hijos de soldados que procrearon con haitianas denominados “pequeños Minustah”, que son bebés abandonados y que algunos de los países desde donde procedían esos militares, asumieron responsabilidades de paternidad.
Este nuevo teatro en ese Estado fallido no deja de representar una amenaza para su vecino más cercano, donde su presidente Luis Abinader ha dicho que República Dominicana no puede cargar con ese problema.
