Por: Wendy Almonte
Santiago Rodríguez. En pleno siglo XXI, cientos de familias viven de espaldas a las comodidades que les ofrece el servicio eléctrico. A pesar del pedido de los afectados, las autoridades no dan respuesta a su pedido.
Electrodomésticos básicos como una nevera para conservar los alimentos, computadoras para que los estudiantes hagan sus tareas o televisores para entretener a la familia, todavía son una quimera para los habitantes de comunidades como Mata de Amacey, de Caña de Palma; El Lázaro, Cercadillo, Mata Clara, Los Planes, Los Corozos, La Jagua y Brazo Chiquito en Palmarejo, Los Caimoníes de La Caoba, entre otras que carecen del tendido eléctrico.
Los que tienen un poco más de recursos pueden encender algunos bombillos con paneles solares. De acuerdo con residentes, un 15% de la población de esta provincia carece de energía eléctrica.
Larga espera
Esta realidad fue expuesta por el senador Antonio Cruz al presidente Danilo Medina durante el acto inaugural de tres carreteras en la provincia, donde le decía que el 85 por ciento de las comunidades tienen el servicio, y que faltan poblados por proyectos eléctricos. Rómulo Vargas, dirigente de la Asociación Para el Desarrollo Integral de Mata de Amacey, dijo que algunos hogares tienen paneles solares, pero cuando las baterías se dañan, optan por no comprarlas, ya que salen muy costosas y apenas alcanzan para prender un bombillo.
Informó que con el interés de tener el servicio eléctrico, los comunitarios se han movilizado, logrando que les donaran los alambres y los transformadores, y que ya tienen instalados diez postes, comprados por los residentes del lugar por casi doscientos mil pesos. En tanto que Héctor Paíno Chávez dijo no entender por qué la comunidad de Mata de Amacey en Caña de Palma, sigue sin energía eléctrica.
Piden a autoridades responder a reclamo
“Somos una comunidad productora de leche, de ganaderos, trabajadores, que ha dado muchos profesionales y no entiendo por qué a una comunidad tan laboriosa, con una juventud sana, estudiosa, se nos ha negado un servicio que vamos a pagar, y que entendemos que es un deber del Estado proporcionarnos los servicios que necesitamos para vivir dignamente”, expresó Chavéz.
