Viviano de León

Santo Domingo

Los aportes privados a los candidatos  presidenciales  y a otros cargos públicos durante las campañas electorales deben ser limitados a un 1% del monto correspondiente a la contribución pública del partido político que le correspondiese la más alta cantidad.  

Así lo propuso ayer  el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, al participar como orador principal durante el foro “Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas”, organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, (CONEP), en el hotel  El Embajador.  

Castaños Guzmán también propone que tanto las encuestas como la participación de los candidatos en los medios electrónicos e impresos sean reglamentadas a fin de que los votantes tengan la posibilidad de escuchar todas las plataformas de la oferta electoral, “sin exclusiones caprichosas e interesadas”.

 

El presidente de la JCE afirma que el uso desproporcionado e injusto de los medios de comunicación en las campañas electorales  es una realidad que crea falta de equidad.

Respecto a los recursos que reciben los partidos políticos, plantea que los recursos públicos son los únicos que los partidos pueden utilizar lícitamente en la campaña electoral, porque son recibidos como contribución económica del Estado y entregados por la Junta Central Electoral, de conformidad con la ley vigente.

“Todos los demás recursos estatales que se utilicen en la campaña son ilícitos y contrarios a la Ley General de Presupuesto y Gastos Públicos”, apuntó el presidente de la JCE.

Partiendo de esa concepción, Castaños Guzmán propone que sean declaradas y penalizadas como contribuciones económicas no lícitas para las campañas y precampañas electorales, las provenientes en todas sus formas de los contratistas gubernamentales que  durante el período electoral se encuentren ejecutando obras del Estado.

A su juicio esas obras, ganadas con o sin concurso, establecen por la propia naturaleza humana, una corriente de “gratitud” dinámica, que sería desequilibradora de la justicia de las elecciones.

En ese mismo orden, Castaños Guzmán sostiene que   las ofertas de dinero sucio e ilegal, producto del narcotráfico internacional, juegos de azar, lavado de activos, trata ilícita de personas y demás actividades ilegales, se convierten en tentaciones atractivas que contaminan la voluntad de los candidatos y futuros funcionarios.

A su juicio esos candidatos, a cambio de esas “dispensas obsequiosas e inmorales”, comprometen su futura voluntad pública, que eventualmente los convierte en prevaricadores.

Castaños Guzmán, entiende que hay que romper radicalmente con las prácticas corruptas de enriquecimiento ilícito, a través del ejercicio de la política, “que desencanta a nuestros jóvenes, quienes terminan abominando estas prácticas inmorales y clientelistas”.   

El presidente de la JCE considera viable  que, por los menos para las elecciones del 2020, se adopte el sistema de boleta cerrada y bloqueada en el nivel municipal, lo que dijo ayudaría a que el número de boletas electorales distintas se reduzca de 450 a 164, lo que también disminuiría  el nivel de complejidad de las elecciones y el costo de la campaña electoral.


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