EFE
Lima
La constructora brasileña Odebrecht buscará mayor transparencia en sus negocios de construcción e ingeniería con la incorporación del economista y ejecutivo João Pinheiro como el primer consejero independiente de esas dos líneas de negocio, informó hoy la empresa en un comunicado divulgado en Lima.
El cometido de Pinheiro será contribuir al desarrollo y a la actuación transparente de la compañía, que busca mejorar sus prácticas empresariales tras reconocer que pagó millonarios sobornos en la mayoría de países de Latinoamérica a cambio de adjudicarse importantes obras públicas entre 2001 y 2016.
La constructora brasileña remarcó en la nota emitida en la capital peruana, donde tiene sede central Odebrecht Latinvest, su compromiso en "actuar dentro de principios de ética, integridad y transparencia sin excepciones ni flexibilizaciones".
Antes de incorporar a Pinheiro, la empresa brasileña ya tenía otros trece consejeros independientes en otras líneas de negocio del grupo Odebrecht, cuyo objetivo es que lleguen a ser veintitrés a finales de este año, ya que en 2015 apenas contaba con cinco.
El economista brasileño aconsejará a Odebrecht tras haberse desempeñado anteriormente como presidente del Comité de Adquisiciones y Fusiones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) entre 2013 y 2014 y como director financiero de la estatal brasileña Petrobras entre 2001 y 2002.
También fue director del Dresdner Bank Brasil entre 1989 y 2001 y ocupó la presidencia de la empresa Suzano Petroquímica y del consejo del Instituto Brasileño de Relaciones con Inversionistas (IBRI), así como la vicepresidencia del consejo del Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa (IBGC).
El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó en diciembre pasado unos documentos que desvelaron que la constructora pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluidos Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.
Odebrecht ya ha alcanzado acuerdos judiciales con los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para pagar multas por valor de más 2,000 millones de dólares y compensar así los actos ilícitos por los que se le investiga, y se encuentra negociando nuevos acuerdos con otros países.
