La Procuraduría General de la República afirmó ayer que en los documentos suministrados por las autoridades de Brasil no se infiere que hayan sido pagados sobornos para ganar el proceso de adjudicación ni para el Contrato de EPC (Engineering Procurement and Construction) del proyecto Central Termoeléctrica de Punta Catalina.
No obstante, la Procuraduría sostiene que un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación en el Congreso Nacional del financiamiento para la construcción de esa central termoeléctrica.
Según la Procuraduría, la acusación contra los legisladores proviene de la confesión de un empleado de la empresa Odebrecht.
La Procuraduría hace la aclaración ante las aseveraciones y cuestionamientos realizados por algunos de los abogados de los imputados con relación al proyecto Punta Catalina y la no inclusión de personas vinculadas a este proyecto en el proceso de solicitud de medidas de coerción en el caso de Odebrecht. Destacó que, tal cual se contempla en la solicitud de medidas de coerción, existen indicios serios y graves de que para la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional sí se pagaron sobornos.
Aduce que, en cuanto a esos hechos, existen dos personas contra quienes se están pidiendo medidas coercitivas, dentro del grupo de señalados por el ministerio público el pasado lunes, como parte de las diligencias de la investigación de los sobornos pagados por la constructora brasileña. Agrega que las confesiones de este empleado están en el expediente depositado por ante el juez de la Instrucción.
