SANTO DOMINGO, 29 may.- Las empresas del sector de telecomunicaciones en el país reiteran su desacuerdo con algunas disposiciones del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.
La ley plantea la imposición de una “tasa” al tráfico internacional como fuente de financiamiento, así como la instalación de equipos en las premisas de las prestadoras para monitorear todo el tráfico de voz y datos en la República Dominicana.
En una nota suscrita por Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind Telecom, señalan que las informaciones que circulan en los medios de comunicación son imprecisas y desactualizadas en cuanto al mercado de las telecomunicaciones, ya que de aprobarse esta ley, sí afectaría a los consumidores y a las operadoras locales.
¿Quién absorberá el costo que genere el nuevo impuesto?
Aclararon que las tarifas locales se definen tomando en cuenta los costos de las telefónicas y los del carrier o transportista internacional, por lo que a pesar de que el impuesto se aplicaría a las llamadas hacia la República Dominicana, el costo adicional que implicaría para el carrier será traspasado a los clientes que llaman, muchos de ellos dominicanos en el extranjero que aportan a la economía a través de sus remesas.
Afecta a todos: a clientes locales, a las empresas de telecomunicación, al Gobierno y al INDOTEL
Este aumento a su vez se reflejaría en un ajuste de los precios de las llamadas internacionales desde el país, debido a la disminución del volumen de negocio con dichos carriers y la renegociación de precios que provocaría este cambio.
Siendo así, es incorrecto pensar que no afectará a ninguna persona o empresa en el país pues un precio más elevado de las llamadas, provocará una reducción significativa en la cantidad de minutos entrantes; acelerará de forma importante la tendencia natural de migración de ese tráfico a otras formas de acceso más económicas disponibles en el mercado (P.e. WhatssApp, Telegram, otros), e incluso fomentará el negocio ilícito de tráfico o “bypass”, con lo cual se reducirá el ingreso de divisas al país no solo para las telefónicas, sino también para el gobierno, por una disminución del Impuesto sobre la Renta (ISR), y para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por una disminución de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), que es de 2% de los ingresos por esos servicios.
¿Se trata de una tasa o un impuesto a las telefónicas?
La tasa propuesta es en realidad un impuesto adicional y afecta aún más el sector de telecomunicaciones en la República Dominicana, pues se vería obligado a pagar por adelantado el monto del impuesto, aunque no lo haya cobrado o incluso facturado a las prestadoras internacionales.
¿Qué papel juegan los carriers o intermediarios internacionales y cuál es su ganancia real?
Explicaron que para el tráfico de minutos desde y hacia el extranjero, algunas veces intervienen carriers internacionales que revenden los minutos que compran a las Prestadoras interconectantes, pero aclararon que se trata de empresas legalmente constituidas en su país de origen, que pagan impuestos en sus mercados de operación y con las cuales tienen acuerdos formales.
Las empresas señalaron que los principales mercados de llamadas internacionales hacia la República Dominicana son altamente competitivos y generan ganancias que se derivan del volumen de minutos más que del precio, lo que sugiere que sus márgenes sean bastante razonables. Por ejemplo, con Estados Unidos, país desde el cual se originan la mayoría de las llamadas entrantes, tienen acuerdos con más de 15 empresas. Según el documento sobre tráfico y ganancia publicado en el 2016 por la Federal Communications Commission (FCC) de los Estados Unidos, el porcentaje de los ingresos brutos por minuto que manejan los carriers es de 25% para el tráfico USA – RD y 30% para el resto del mundo.
Sí se violan acuerdos internacionales vigentes
Por otro lado, aclararon que la aplicación de este impuesto sí viola acuerdos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria, pues provocaría un tratamiento desigual en los mercados, contrario al denominado “trato nacional” establecido como principio básico de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el DR-CAFTA.
El “Sistema Antifraude” viola principio de privacidad e intimidad de información clientes
Igualmente, destacaron como relevante que el artículo 28 del proyecto de ley, relativo al establecimiento de un mecanismo de control de tráfico, busca el seguimiento y monitoreo en tiempo real del tráfico de voz y de datos que circula por las redes de las prestadoras locales, lo que atenta directamente contra el derecho a la intimidad y privacidad de las informaciones y datos de los usuarios, pues el Estado tendrá acceso directo a las plataformas de las prestadoras, pudiendo recabar información de los usuarios sin necesidad de una autorización judicial previa como requieren las leyes y la Constitución.
Las telefónicas destacan que además del apoyo que han prestado al sistema 9-1-1 desde sus inicios, contribuyen de manera significativa a la economía dominicana a través de su cuantioso aporte al fisco y su accionar como ciudadanos corporativos responsables. Muestra de ello es que el sector encabeza el ranking de empresas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como las de mayor aporte en el sistema tributario.
Los usuarios de servicios en el país pagan hoy altos impuestos
Reiteran que ya los servicios de telecomunicaciones en el país están sobre-gravados con 30% de impuestos, que contradictoriamente incluye 10% de impuesto selectivo al consumo destinado para bienes de lujo, diversión o con impacto negativo, lo que los lleva a ocupar el cuarto lugar en el pago de impuestos al consumo, así como el segundo lugar en pago de impuestos a los ingresos de sociedades.
Según el reporte Measuring the Information Society Report 2016, elaborado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, solo 5 países en el mundo tienen impuestos a las telecomunicaciones superiores a 30% (Surinam 43.3%, Jordania 40.0%, Brasil 40.2%, Grecia 37.8%, Indonesia 35.5%). Uganda comparte con RD el nivel de 30% de impuestos.
Mayores cargas que provoquen una disminución en el ingreso de las empresas, implicarán menores recursos disponibles para inversión en el desarrollo del sector, mantenimiento, ampliación y modernización de las redes, así como para apoyar proyectos enfocados en el cierre de la brecha digital y aumento del acceso de todos a los diferentes servicios de telecomunicación.
