Por Carmen Jiménez
Santo Domingo, 18 may (EFE).- La expectativa en República Dominicana por conocer los nombres de los beneficiarios de los 92 millones de dólares en sobornos que la empresa Odebrecht pagó para hacerse con la concesión de obras públicas, va en aumento una vez que ya se ha recibido la información desde Brasil.
Cinco meses después de que estallara el escándalo, la Procuraduría ha interrogado a varios legisladores, exlegisladores y exfuncionarios en la investigación abierta sobre los sobornos, pero hasta ahora no hay ningún procesado.
El pasado mes de abril, un juez dominicano validó un acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas, y revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no serán enjuiciados en ese país caribeño.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La Procuraduría General de la República ya recibió el miércoles los datos de las autoridades brasileñas sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país e inició la traducción legal de cientos de archivos, que serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales.
Las autoridades dominicanas habían anunciado que a más tardar el 19 de mayo tendrían los datos suministrados por las autoridades brasileñas junto a los que serán entregados por la empresa Odebrecht, por lo que diversos movimientos y colectivos sociales esperaban que en esa fecha se divulgarán los nombres de los sobornados.
Pero el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pidió hoy paciencia porque el proceso de análisis y cotejo de la información tardará unos días e insistió en que “habrá consecuencias, nombres y apellidos pero, sobre todo, habrá sometimientos en los próximos días.”
Rodríguez añadió que “la prisa no puede llevarnos a cometer errores. Recordemos que no hay mejor amigo de la impunidad que un caso mal instruido”.
La actuación de la Procuraduría en este caso ha levantado las críticas de grupos de oposición y de movimientos sociales como “Marcha Verde”, que han realizado en los últimos meses multitudinarias manifestaciones en diferentes puntos del país para exigir que los involucrados en los sobornos sean llevados ante los tribunales y sancionados.
En un comunicado, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) señaló hoy que los ciudadanos ya han tenido “mucha paciencia” y que cualquier acción que trate de “postergar el conocimiento de los sobornados después del día 19 de mayo como había sido anunciado, solo provocará que la indignación ciudadana se convierta en grandes protestas en todo el país”.
En declaraciones a Efe, María Teresa Cabrera, miembro de “Marcha Verde”, dijo que ven “muchas reservas en el manejo de los nombres de los involucrados y en las largas que quiere darle el procurador”.
Por ello, manifestó que solo la movilización ciudadana cada vez más grande y contundente es la “única garantía de que se pueda hacer justicia en el país”.
En los últimos días, la expectación relativa al caso ha derivado en algunos incidentes frente a la sede de la Procuraduría General de la República, donde permanece desplegado un amplio dispositivo de seguridad.
La tensión en el país aumentó el martes cuando varios diputados fueron agredidos en la sede de la Procuraduría, donde grupos populares intentaron acampar para exigir que se divulguen los nombres de los sobornados por la constructora Odebrecht.
El grupo de legisladores, todos de oposición, intentó alcanzar la sede de la Procuraduría para acompañar a los miembros de los grupos populares que intentaron acampar pero fueron repelidos a empujones y con gases lacrimógenos por policías apostados en el lugar.
Diferentes colectivos sociales y partidos de oposición criticaron la actuación de la Policía, que detuvo también a varios de los jóvenes que intentaron instalar el campamento y que posteriormente fueron liberados.
Mientras aumenta la expectación por conocer a los involucrados en el caso Odebrecht, el colectivo “Marcha Verde”, ya ha anunciado que continuará con sus movilizaciones contra la corrupción y la impunidad y ha convocado una marcha para este domingo en Azua, en el sur del país.
