Así lo aseguró el ministro de Interior y Policía del país, Carlos Amarante Baret, al decir que de ahora “en adelante se aplicarán controles estrictos para otorgar permisos y renovar licencias de armas de fuego”.
La medida se difundió un día después de que un hombre, aún prófugo, irrumpiera con un arma de fuego en una emisora de radio en el este del país y matara al director y a un locutor que transmitía en vivo.
Estos controles incluyen la aplicación de pruebas y exámenes psicológicos y psiquiátricos, dijo el funcionario.
“Lo que debe predominar es que, cuando se pone en manos de un civil una arma de fuego, se debe ser plenamente consciente de que esa persona es lo razonablemente equilibrada en términos psicológicos, para que sea poseedor de ese derecho”, argumentó.
Reconoció que el derecho a portar un arma de fuego está consagrado en la Constitución de la República y en la ley, pero ese derecho, dijo, está condicionado por las evaluaciones profesionales que el Ministerio de Interior “tiene y debe fortalecer”.
El año pasado en el país ocurrieron 1.613 homicidios, de los cuales 978, que representan el 61 % de los casos, fueron causados por armas de fuego, según cifras suministradas por la cartera.
De igual forma, durante ese periodo se recibieron 685 denuncias de robos o pérdidas de armas de fuego.
Amarante Baret dijo que durante su gestión “ninguna persona que no tenga derecho a una licencia la podrá obtener”, y recordó que así está contemplado en los reglamentos de la nueva Ley de Armas, aprobada el año pasado.
Esta ley limita el uso de las armas de los militares y policías que no estén en servicio, promueve el desarme paulatino de la población a través de un régimen jurídico y coloca más controles en el momento de aplicar para adquirir un arma de fuego.
