SANTO DOMINGO. A casi seis meses de jurar su segundo mandato, el presidente Danilo Medina, atraviesa por uno de sus peores momentos desde que asumió el poder por primera vez el 16 de agosto del 2012.
Los escándalos de corrupción, sumados a las exigencias de la sociedad para que cese la impunidad, las ventas irregulares de terrenos, las protestas de los profesores, las pugnas generadas por el Código Penal y los cuestionamientos a la economía forman parte de la lista de problemas que libra su gobierno.
Las mayores presiones provienen de la sociedad civil por el pago de sobornos a funcionarios por parte de la constructora Odebrecht, un hecho que dio pie a una concentración contra la corrupción y la impunidad, la cual dejó sentado que en la población hay sed de justicia. De la mano con esa manifestación se está recolectando firmas en el denominado Libro Verde por el fin de la impunidad y la corrupción para emplazar a Medina a referirse al caso que involucra a funcionarios y exfuncionarios.
Otro caso de soborno que enfrenta la gestión de Medina es el de la compra de ocho aviones Súper Tucano, por un monto de US$93.6 millones a la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), expediente que involucra a un ex secretario de las Fuerzas Armadas y cuyo proceso fue declarado complejo. La Procuraduría General de la República ha anunciado que poseen nuevas pruebas en torno al caso, las cuales no han salido a luz pública.
A ello se suma la cuestionada venta y transferencia de tres parcelas en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) a Inversiones Fernández Parache & Asociados, a un costo de RD$80 millones, que dio paso a la cancelación del director de la entidad estatal, Leoncio Almánzar y a su disolución. Evaluaciones oficiales determinaron que los terrenos tienen un precio de RD$688,042,586. El Poder Ejecutivo sometió el caso a la Procuraduría, donde de inmediato se anunció el inicio de las investigaciones.
También mantienen bajo presión al gobierno, los maestros de escuelas públicas, quienes demostraron su poderío en una multitudinaria marcha la pasada semana, en reclamo de aumento salarial y otras reivindicaciones. Como parte de esas presiones, en la tarde de este lunes, las autoridades del Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) lograron un entendimiento para un aumento salarial.
Por esa misma causa, la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) mantiene paralizada la docencia, en una difícil situación entre docentes y autoridades que dio paso a la intervención de la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, quien convocó a las parte para un encuentro a celebrarse este martes, y también en busca de una salida positiva.
Las discusiones por el Código Penal, específicamente en lo relativo al conflictivo tema de la despenalización del aborto, han enfrentado al gobierno con varios sectores religiosos, encabezado por la iglesia católica. Las críticas son a raíz de las observaciones presidenciales que propone la despenalización en tres causales en las que se pone en riesgo la vida de la mujer.
De igual modo está el espinoso desalojo de las áreas protegidas de Valle Nuevo, en Constanza, el cual no se ha podido ejecutar en su totalidad para evitar mayores dificultades con los campesinos residentes en la zona. El proceso se ha ido ejecutando paulatinamente sin lograrse todavía un acuerdo entre las partes.
El tema económico es otro talón de Aquiles, pues las autoridades hablan de que la economía es sana, no obstante se ha mantenido a base de financiamiento externo. Sectores de la población y de la oposición se quejan de que su crecimiento de un 6.6%, según cifras del Banco Central no se siente en los bolsillos, cada vez más golpeados por los altos precios de los productos de primera necesidad.
Ante prueba de fuego
Con la sociedad que reclama y la oposición que trata de sacar ventaja política, el mandatario intenta contrarrestar las situaciones. El Presidente intenta buscar soluciones vía la Justicia dando luz verde a la lucha contra la corrupción y con medidas puntuales, vía decretos. Queda en el aire la interrogante de si logrará superar estas pruebas.
