Adriana Peguero
Santo Domingo
El presidente Danilo Medina ordenó la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa, y todo proceso de desalojo en contra de los ocupantes de los inmuebles ubicados en el sector Los Tres Brazos de la provincia Santo Domingo.
Así lo dejó establecido el mandatario en el Decreto 392-16 emitido la tarde de ayer, a través del cual dejó conformada una comisión para que haga los levantamientos e informes de lugar.
La comisión la encabeza Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y la completan José Dantés, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, y Lidio Cadet, presidente de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el decreto, en un plazo no mayor de 30 días, la comisión deberá examinar y rendir un informe a la Presidencia de la República sobre todo lo concerniente a los terrenos de Los Tres Brazos, desde el momento de su venta, hasta el presente.
El informe debe incluir recomendaciones sobre las acciones legales pertinentes.
El decreto fue dado a conocer por el portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien aseguró que el Presidente siempre hará lo que le convenga al país, y que el decreto es de suma importancia, porque lleva alegría a familias con años residiendo en la zona.
Agregó que la Presidencia descubrió una situación que afecta los intereses de las personas que habitan allí. “Hasta que la comisión no haga las recomendaciones y el Presidente, a partir de ellas, tome su decisión, estas familias podrán estar tranquilas. Pero pueden tener la seguridad de que el Presidente nunca va a tomar una decisión que perjudique al pueblo dominicano”, agregó.
El decreto
En uno de sus considerandos, el decreto precisa que del examen preliminar que ha realizado la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se desprende que las ventas no cumplieron con disposiciones fundamentales de la Ley 141-97 y de la Constitución, especialmente en lo que respecta a la celebración de procesos de licitación pública para la enajenación de bienes del Estado, sujetos a la Ley.
De igual forma como a la necesidad de someter esa venta a la aprobación del Congreso Nacional, según el mandato del párrafo 2 del artículo 16 de la Ley 141-97 y letra “D” del numeral 2, del artículo 128 de la Constitución del 2010.
“Lo importante es que en este cierre del año 2016 todo proceso está suspendido. Pueden recibir el año con seguridad y alegría, porque el Estado los proteje”, dijo Rodríguez durane una conferencia de prensa.
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PARTE DE LA HISTORIA DEL CASO
Residentes del sector Los Tres Brazos denunciaron el mes pasado que la empresa Titulatec los presionaba para que le paguen los terrenos donde construyeron sus viviendas hace más de tres décadas, alegando que adquirió tres parcelas por RD$80 millones hace seis años y tiene derechos legales para reclamar el cobro de los solares.
Se ha informado que en el 2010 supuestamente la empresa Inversiones Fernández Farache (INFEPA), comenzó a vender los terrenos luego de un acto de compra a la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), que era la propietaria de los predios donde funcionaba una fábrica de calzados.
