La cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos en casos sensibles no es un fenómeno reciente ni excepcional. Se trata de una relación institucional de más de dos décadas, sustentada en acuerdos de asistencia legal mutua, protocolos diplomáticos y canales formales de intercambio de información, en la que las autoridades dominicanas conservan siempre la dirección legal de los procesos.
Este modelo se ha activado en investigaciones de alto impacto social, criminal y económico, cuando el alcance transnacional del delito o la complejidad técnica supera las capacidades locales ordinarias y exige apoyo especializado.
El último de ellos es la búsqueda que actualmente realizan autoridades dominicanas de la niña Brianna Genao, desaparecida a finales de diciembre en Puerto Plata. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, confirmó en la tarde del lunes que la oficina federal se invulucrará con caninos que llegará a territorio nacional esta semana y que se pondrán a disposición de la Policía Nacional para las labores de búsqueda.
Asimismo, aseguró agencias adscritas a la Embajada de los Estados Unidos, junto al Buró Federal de Investigaciones (FBI), se suman formalmente al operativo.
«Hoy, precisamente, la INL de la embajada norteamericana y el FBI se han involucrado en la búsqueda de la menor con caninos, que llegaron al país y que estarán esta semana puestos a disposición de la Policía Nacional para continuar la búsqueda de la menor», dijo la funcionaria.
Casos emblemáticos que definen el alcance del apoyo
Uno de los precedentes más antiguos se remonta a 2001-2002, con la extradición de los sospechosos del asesinato del policía neoyorquino Michael Buczek. Tras más de una década prófugos en territorio dominicano, José Rafael “Felix” Fernández y Pablo Almonte Lluberes fueron localizados gracias a la cooperación entre el FBI -a través de su agregaduría legal en Santo Domingo- y la Policía Nacional. Ambos terminaron extraditados con autorización de la Suprema Corte de Justicia y condenados años después en Nueva York, consolidando un caso emblemático de justicia tardía pero efectiva.
En 2016, la cooperación se trasladó al ámbito anticorrupción con el caso Súper Tucanos. Ante la dimensión internacional del soborno por la compra de aviones militares, la Procuraduría General solicitó apoyo técnico al FBI. Fiscales dominicanos sostuvieron reuniones de trabajo en Miami para validar pruebas financieras y forenses, fortaleciendo un expediente que, pese a retrasos judiciales, continúa activo tras la orden de un nuevo juicio en 2023.
La colaboración también se amplía contra el crimen organizado. En 2018, un operativo internacional liderado por el FBI desarticuló una red de narcotráfico y tráfico de armas que operaba entre RD, Puerto Rico y EE. UU., vinculada a decenas de homicidios. Aunque la mayoría de arrestos se produjo fuera del país, la Policía Nacional y la DNCD aportaron inteligencia para ubicar a integrantes de la red en territorio dominicano.
Apoyo técnico en casos sensibles y no criminales
En 2019, el FBI brindó asistencia forense en la investigación de muertes de turistas estadounidenses en hoteles dominicanos. Los análisis toxicológicos realizados en laboratorios del FBI confirmaron que las muertes fueron por causas naturales, coincidiendo con los hallazgos del INACIF y aportando transparencia en un contexto de alta alarma pública.
Ese mismo año, la cooperación permitió la captura y extradición de José Armanda Betances, prófugo por un homicidio cometido en Massachusetts en 1990. Tras casi 30 años oculto en RD, fue arrestado con apoyo de la agregaduría legal del FBI y entregado a la justicia estadounidense, reafirmando la persecución sostenida de fugitivos.
Más recientemente, la Operación Discovery -en sus fases 1.0 (2022), 2.0 (2023) y 3.0 (2025)- evidenció una cooperación avanzada contra redes de fraude electrónico que estafaban a adultos mayores en EE. UU. Desde call centers ilegales en ciudades dominicanas, estas bandas operaban el llamado “fraude de los abuelos”. La coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, HSI y el FBI permitió decenas de arrestos, incautaciones millonarias y procesos judiciales tanto en RD como en tribunales federales estadounidenses.
La cooperación también abarca ámbitos no penales. En 2022, el FBI facilitó la repatriación de 21 piezas taínas incautadas en EE. UU. durante la Operación Miller, devolviendo al país bienes culturales extraídos ilegalmente. Y en 2024, tras el hackeo de la cuenta oficial del presidente Luis Abinader en X, el FBI colaboró en la investigación cibernética junto al DNI y la plataforma tecnológica.
