Puerto Príncipe, 17 may.- La Organización de Ciudadanos por un Nuevo Haití (OCNH) denunció hoy el calvario de los ciudadanos para obtener documentos de identificación y alertó que en este contexto las mujeres son más vulnerables.
OCNH señaló que, pese a la implementación de Delidoc, la plataforma gubernamental en línea para facilitar los procesos, la obtención de pasaportes y otros documentos presenta dificultades para los ciudadanos.
La situación empeoró tras el anuncio de Estados Unidos a inicios de año sobre una nueva política migratoria que beneficia a los haitianos.
Actualmente, solicitar un pasaporte cuesta a los contribuyentes hasta 50 mil gourdes (unos 360 dólares) «y nadie está libre de ser estafado», aseguró.
La organización denunció, asimismo, que la situación afecta en particular a las mujeres pues algunos empleados de los servicios migratorios utilizan sus puestos para abusar de ellas a cambio de una expedición más rápida.
Recordó que tener acceso a un centro de expedición de documentos de viaje y obtener estos últimos es un derecho, al tiempo que señaló que nadie está por encima de la ley y los encargados de la Inmigración en Haití deben asumir su responsabilidad y garantizar que los ciudadanos obtengan sus pasaportes.
Asimismo, alentó al Gobierno a invertir en el sistema migratorio para mejorar la calidad de los servicios y advertir a las personas que utilizan su estatus para extraer dinero de los más vulnerables.
En marzo pasado la Oficina de Protección del Ciudadano también condenó el trato inhumano y degradante infligido a los haitianos que solicitan pasaportes y señaló que, a pesar de la instalación de oficinas en varios espacios públicos, cientos de ciudadanos no pueden acceder a ellos, lo cual abre la vía a toda forma de explotación, extorsión y chantaje.
«Son víctimas de palizas y estafas por servicios a los que tienen derecho. Se han registrado incidentes lamentables, sobre todo en las oficinas de Pétion-Ville, Tabarre y Delmas. Se han documentado pérdidas de vidas humanas», lamentó la entidad estatal que defiende los derechos humanos.
Otras organizaciones alertaron sobre la amplia red de corrupción formada entorno a la emisión de los documentos y exigieron al Gobierno adoptar medidas contundentes.